Eleazar Narváez
Exaspera la absoluta impunidad con la que actúa el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la comisión de arbitrariedades que violan la autonomía universitaria en el país, desconociendo lo consagrado en la actual Constitución y lo establecido tanto en la aún vigente Ley de Universidades como en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2009.
Sin haberse derogado la Ley de Universidades de 1970 y, además, sin respetarse lo previsto en las disposiciones transitorias Segunda (acerca de las legislaciones especiales) y Tercera (sobre el Reglamento) de la LOE, el TSJ ordenó las suspensión de las elecciones previstas en varias universidades, con el argumento de que éstas no estaban basadas en un reglamento electoral acorde con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 34 de la citada LOE, en el que se señala que una de las funciones de las instituciones universitarias, en el ejercicio de su autonomía, será: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria”.
Pues bien, el TSJ no reparó en el hecho de que todavía, desde que fue sancionada la LOE, no se ha aprobado el Reglamento al que ésta alude, asunto que, por cierto, no es competencia de las universidades; y tampoco se ha cumplido con las disposiciones transitorias Segunda y Tercera del señalado instrumento legal que dicen, respectivamente, así: “En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, se sancionarán y promulgarán las legislaciones especiales referidas en esta Ley”; y “En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, se sancionará y promulgará su Reglamento”.
En la ausencia de este Reglamento y sin derogarse la Ley de Universidades de 1970, al no haberse cumplido aún con lo previsto en el artículo 35 de la LOE, que indica que la educación universitaria estará regida por leyes especiales, el TSJ no sólo impide las elecciones universitarias basadas en la Constitución y en la actual Ley de Universidades, sino que comete el inadmisible atropello de ordenarle recientemente a la rectora de la Universidad Central de Venezuela que convoque al Consejo Universitario para que se proceda, en determinados plazos, a elaborar y aplicar un nuevo reglamento electoral con apego a lo señalado en la LOE (Véase documento adjunto)
Atropellos brutales como éstos son los que nos llevan a plantear que cada vez más en la Venezuela de estos tiempos la autonomía universitaria tiende a convertirse lamentablemente en letra muerta. Una triste realidad sobre la que los universitarios venezolanos debemos reflexionar, debatir y actuar con el firme compromiso de enfrentar con coraje esas arbitrariedades; pero eso sí, no solamente de modo reactivo, con la denuncia permanente, con el ejercicio inquebrantable de la crítica seria, sino también con propuestas concretas y oportunas sobre ese y otros asuntos fundamentales de la vida universitaria.
Acerca de esto último, debemos reconocerlo con valor, no andamos del todo bien. Creo que al respecto estamos en deuda con nosotros mismos y con la sociedad venezolana. Sin duda, nos falta algo, como he tenido a bien expresarlo en otras ocasiones. Ese algo tiene que ver con la necesidad de un mayor conocimiento, sistematización y divulgación de nuestras ideas acerca de la universidad que queremos y reclama el país, muchas de las cuales, no obstante, han sido ventiladas en múltiples reuniones y debates que se han dado en distintos momentos en nuestras casas de estudio.
*Artículo publicado en El Nacional el 08/09/11, con el título "La autonomía universitaria en letra muerta"
Sin haberse derogado la Ley de Universidades de 1970 y, además, sin respetarse lo previsto en las disposiciones transitorias Segunda (acerca de las legislaciones especiales) y Tercera (sobre el Reglamento) de la LOE, el TSJ ordenó las suspensión de las elecciones previstas en varias universidades, con el argumento de que éstas no estaban basadas en un reglamento electoral acorde con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 34 de la citada LOE, en el que se señala que una de las funciones de las instituciones universitarias, en el ejercicio de su autonomía, será: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria”.
Pues bien, el TSJ no reparó en el hecho de que todavía, desde que fue sancionada la LOE, no se ha aprobado el Reglamento al que ésta alude, asunto que, por cierto, no es competencia de las universidades; y tampoco se ha cumplido con las disposiciones transitorias Segunda y Tercera del señalado instrumento legal que dicen, respectivamente, así: “En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, se sancionarán y promulgarán las legislaciones especiales referidas en esta Ley”; y “En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, se sancionará y promulgará su Reglamento”.
En la ausencia de este Reglamento y sin derogarse la Ley de Universidades de 1970, al no haberse cumplido aún con lo previsto en el artículo 35 de la LOE, que indica que la educación universitaria estará regida por leyes especiales, el TSJ no sólo impide las elecciones universitarias basadas en la Constitución y en la actual Ley de Universidades, sino que comete el inadmisible atropello de ordenarle recientemente a la rectora de la Universidad Central de Venezuela que convoque al Consejo Universitario para que se proceda, en determinados plazos, a elaborar y aplicar un nuevo reglamento electoral con apego a lo señalado en la LOE (Véase documento adjunto)
Atropellos brutales como éstos son los que nos llevan a plantear que cada vez más en la Venezuela de estos tiempos la autonomía universitaria tiende a convertirse lamentablemente en letra muerta. Una triste realidad sobre la que los universitarios venezolanos debemos reflexionar, debatir y actuar con el firme compromiso de enfrentar con coraje esas arbitrariedades; pero eso sí, no solamente de modo reactivo, con la denuncia permanente, con el ejercicio inquebrantable de la crítica seria, sino también con propuestas concretas y oportunas sobre ese y otros asuntos fundamentales de la vida universitaria.
Acerca de esto último, debemos reconocerlo con valor, no andamos del todo bien. Creo que al respecto estamos en deuda con nosotros mismos y con la sociedad venezolana. Sin duda, nos falta algo, como he tenido a bien expresarlo en otras ocasiones. Ese algo tiene que ver con la necesidad de un mayor conocimiento, sistematización y divulgación de nuestras ideas acerca de la universidad que queremos y reclama el país, muchas de las cuales, no obstante, han sido ventiladas en múltiples reuniones y debates que se han dado en distintos momentos en nuestras casas de estudio.
*Artículo publicado en El Nacional el 08/09/11, con el título "La autonomía universitaria en letra muerta"
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