Ariana Guevara Gómez
El Nacional, 02/07/12
Hace 11 años, Jaime Pizani se jubiló de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El profesor, que también trabajó en la Universidad de los Andes, aún no ha recibido todo el dinero de sus prestaciones sociales. En 2005 cobró el beneficio, pero no le reconocieron los 3 años que le dedicó a la ULA ni la ruralidad, que se incluye en los cálculos de quienes laboran en esas zonas.
"En 2008 me dijeron que la deuda de la ULA era de 32.000 bolívares, pero con los intereses subió a 680.000 bolívares.
Me deben más de esa cantidad; yo diría que el doble, si se cuenta lo de la Unesr", dice Pizani, que pertenece al Consejo de Jubilados de esta última institución. Las casas de estudio fungen de patronos, pero los pagos dependen de las asignaciones del Ministerio de Educación Universitaria.
El caso de Pizani no es aislado. Rafael Álvarez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, trabajó como docente activo hasta 2003. Después de 25 años de servicio, cuando le correspondía jubilarse, la institución decidió contratarlo para que continuara con su labor. "Los cálculos de la deuda varían de acuerdo con el caso.
En promedio, a cada profesor le deben 600 millones de bolívares. A algunos, incluso, tienen que pagarle 1,5 millardos", afirma.
La última vez que Neysa Guevara revisó su deuda estaba en 300.000 bolívares. Trabajó hasta 2003 en la Universidad Central de Venezuela: durante 36 años ocupó cargos administrativos y docentes. "Los pasivos por mi trabajo como profesora no me los han pagado nunca", señala.
El pago de las prestaciones sociales es un derecho de los trabajadores, que debe cumplirse al culminar la relación laboral. Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, indica que las deudas por ese concepto datan de 2009. Los intereses de las prestaciones denominados pasivos laborales no se pagan desde 1998.
La dirigente recuerda que el Gobierno central hizo un esfuerzo para cancelar las deudas por pasivos desde 1975 hasta 1997, pero a partir de ese año empezaron las irregularidades. A quienes se jubilaron entre 1998 y 2001, dice Ramírez, les pagaron 40% de lo que les correspondía con el instructivo de 1997. "El resto no les llegó nunca y ahora la deuda es mayor", apunta.
La situación no sólo afecta a los profesores, sino también a los trabajadores, administrativos y obreros. Para hablar sobre esta y otras quejas, los gremios se reunieron el 21 de junio con representantes de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. La adjunta de la dirección, Tibisay Hung, aseguró en esa oportunidad que el organismo se esforzaba para obtener todos los datos, pero que las universidades los han entregado con errores. De los 33.000 expedientes recibidos, agregó, 16.000 presentan inexactitudes que deben corregirse.
Ramírez considera que son excusas: "La OPSU dice que hasta que no se arreglen los errores no van a pagar. Esas son tácticas dilatorias para no cumplir con las obligaciones.
Se trata de una responsabilidad del Estado venezolano y ningún trabajador tiene la culpa".
Sueldos bajos. Los profesores jubilados tienen los mismos beneficios y la misma estrechez que los activos. Por eso sufren del mismo modo por los bajos salarios.
Pizani, que se jubiló como profesor asociado y ocupó el cargo de vicerrector académico, cobra 7.000 bolívares mensuales. "He tenido que lanzarme a matar tigres: a veces he asesorado proyectos, sobre todo en el área agrícola. Pero eso también se ha agotado porque no hay mucha demanda. Me limito al sueldo y la pensión de vejez".
Después de 36 años en la universidad, Guevara cobra un sueldo mensual de 4.500 bolívares por su labor docente. "Yo gano más por el trabajo administrativo que por el de docencia. Me esforcé de día y de noche, para morir ahora con este salario. Para llegar a profesor agregado hay que hacer trabajos de ascenso; yo los hacía de noche, de madrugada. Tantos años, tanta dedicación, y esto es lo que cobramos".
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