Luis Fuenmayor Toro
Últimas Noticias, 30/05/12
Es muy lamentable para la educación y para el país la situación actual de la UCV y otras universidades, acosadas de forma inexplicable por un gobierno “revolucionario”, que nadie imaginó que trataría tan perniciosamente a una institución, que si algo hizo fue brindar su apoyo al actual Presidente durante una década desde 1992
La UCV ha provisto la mayoría del equipo de gobierno, defendió a Hugo Chávez en momentos muy trágicos y lo recibió varias veces con sus brazos abiertos. Es una institución vital para elevar el bienestar de la nación y en la erradicación de la ignorancia, la injusticia y la dependencia científica y tecnológica.
Más lamentable aún es que la UCV no esté en sus mejores condiciones para afrontar las agresiones, debido al deterioro producido por siniestras acciones gubernamentales de décadas, intensificadas en estos últimos ocho años, que ha reducido grandemente su planta de profesores investigadores, la ha mantenido en un déficit financiero crónico, la ha desacreditado y dividido y, con una reforma legal inconstitucional, la hiere letalmente al hacerla depender electoralmente de intereses contrarios a su esencia académica, ocultos en un discurso seudodemocratizador.
Pero lo más grave de esa minusvalía es que permitió que gente sin credenciales alcanzara la condición de autoridades rectorales y decanales, lo cual reduce su liderazgo y dificulta el enfrentamiento de la conjura, permaneciendo inermes ante un gobierno con poder omnímodo y un odio antiuniversitario, fruto del resentimiento de ciertos dirigentes oficiales. Ante la última agresión, hoy abortada por el propio Gobierno, se nos mostró un Consejo Universitario ausente, que no llegó ni siquiera a reunirse, mucho menos a defender la institución.
En otros tiempos se hubiera declarado una emergencia inmediata, convocado a la comunidad, suspendido las actividades y rechazado claramente el pago de la multa y la elaboración forzada de un reglamento electoral inconstitucional. Parece que más importan los negocios por realizar con la seguridad social de los universitarios, que intentan ponerle la mano a la caja de ahorros de los profesores, que la universidad y su autonomía. Si se quería intervenirla, la vía de la Contraloría habría sido más sencilla y menos objetada.
La UCV ha provisto la mayoría del equipo de gobierno, defendió a Hugo Chávez en momentos muy trágicos y lo recibió varias veces con sus brazos abiertos. Es una institución vital para elevar el bienestar de la nación y en la erradicación de la ignorancia, la injusticia y la dependencia científica y tecnológica.
Más lamentable aún es que la UCV no esté en sus mejores condiciones para afrontar las agresiones, debido al deterioro producido por siniestras acciones gubernamentales de décadas, intensificadas en estos últimos ocho años, que ha reducido grandemente su planta de profesores investigadores, la ha mantenido en un déficit financiero crónico, la ha desacreditado y dividido y, con una reforma legal inconstitucional, la hiere letalmente al hacerla depender electoralmente de intereses contrarios a su esencia académica, ocultos en un discurso seudodemocratizador.
Pero lo más grave de esa minusvalía es que permitió que gente sin credenciales alcanzara la condición de autoridades rectorales y decanales, lo cual reduce su liderazgo y dificulta el enfrentamiento de la conjura, permaneciendo inermes ante un gobierno con poder omnímodo y un odio antiuniversitario, fruto del resentimiento de ciertos dirigentes oficiales. Ante la última agresión, hoy abortada por el propio Gobierno, se nos mostró un Consejo Universitario ausente, que no llegó ni siquiera a reunirse, mucho menos a defender la institución.
En otros tiempos se hubiera declarado una emergencia inmediata, convocado a la comunidad, suspendido las actividades y rechazado claramente el pago de la multa y la elaboración forzada de un reglamento electoral inconstitucional. Parece que más importan los negocios por realizar con la seguridad social de los universitarios, que intentan ponerle la mano a la caja de ahorros de los profesores, que la universidad y su autonomía. Si se quería intervenirla, la vía de la Contraloría habría sido más sencilla y menos objetada.
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