Eleazar Narváez
El verdugo de la justicia en Venezuela pretende ser el ejecutor de nuestra autonomía universitaria. Convertido en instrumento político del presidente de la República, el Poder Judicial extiende sus tentáculos hasta las pocas universidades que hoy presentan signos de independencia ante las pretensiones hegemónicas del Ejecutivo. En modo alguno se dirigen a la mayoría de las universidades públicas del país, las cuales en los últimos trece años han devenido en simples agencias gubernamentales. El allanamiento militar y policial de otros tiempos, en la actualidad quiere ser sustituido mediante el allanamiento judicial para someter precisamente a esas instituciones donde el régimen no ha podido ni ganar una elección, ni imponer las extravagancias y perversidades características de su ejercicio del poder en la sociedad venezolana. A esas casas de estudio, donde sus docentes y estudiantes han elegido a sus autoridades con fundamento en la Constitución y en la vigente Ley de Universidades, el TSJ ha dirigido su batería de arbitrariedades y triquiñuelas jurídicas para tratar de imponerles una reforma de su reglamento electoral que vulnera el principio de autonomía universitaria.
Esa práctica terrorista se intensifica con la decisión del TSJ de declarar en desacato y multar a la rectora Cecilia García Arocha y a otros integrantes del Consejo Universitario de la UCV, al considerar que éstos desobedecieron las órdenes que les fueron dadas en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011, para que reformaran y publicaran el reglamento electoral de esa institución con base en el numeral 3 del artículo 34 de la LOE.
Confiamos en que las reservas morales de la UCV se harán sentir con mayor coraje y determinación en estos momentos trágicos que vive la universidad autónoma venezolana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario