Ante el llamado por parte del Consejo Universitario de la Universidad de Oriente a participar en la reforma del Reglamento Electoral de esta institución (ver: http://www.udo.edu.ve/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=19&id=2943&Itemid=223), que acata la orden emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el grupo Udistas comunica a todos los sectores de la colectividad universitaria su posición al respecto.
Constituye una falta grave contra la comunidad universitaria y la institucionalidad de nuestra Universidad el sometimiento inconsulto a esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
En Udistas percibimos muy claramente la intención política del gobierno nacional de quebrar la autonomía de nuestras universidades, sin reparar en la inconstitucionalidad de actuaciones tales como la pretensión de reglamentar vía judicial. Nos resulta muy claro que al gobierno no le interesa profundizar la democracia universitaria. Si así fuera, sería muy sencillo que empezaran aplicando estos principios en las universidades experimentales que controlan, donde las autoridades son nombradas por el gobierno y no electas, y donde se persigue o anula la disidencia.
La profundización de la democracia que se alega en la decisión en cuestión es una farsa que, de concretarse, causará daños permanentes a la universidad. Los universitarios deben rebelarse ante este atropello. En consecuencia, denunciamos y rechazamos enérgicamente las argucias y artimañas legales que soportan estas pretensiones, y, con redoblada fuerza, exhortamos a las autoridades de la universidad y a todos los miembros de nuestra colectividad a defender con firmeza el derecho que nos asiste. La debilidad de nuestras posiciones no ha servido sino para nuestro perjuicio.
Estimamos que las universidades autónomas han debido mantenerse unidas en la posición inicial que demandaba por inconstitucional, ante el TSJ, el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, en cuya manipulación se funda el peligro inminente que hoy nos vemos obligados a repudiar. Como siempre, la división ha sido perjudicial y ha impedido difundir ampliamente esa posición y presionar, mediante actividades públicas, para que fuese tomada en cuenta. Igual actitud compacta debió permanecer ante la decisión de la Sala Electoral, y no ceder al chantaje, como bien han hecho la UCV y la UC. También advertimos la falta de una discusión anticipada, amplia y abierta de estos aspectos problemáticos con profesores y estudiantes, acompañada del necesario apoyo especializado, acciones que han debido ser promovidas por las instancias directivas de la universidad. Tal proceso hubiera permitido una actitud más sustentada, coherente y firme.
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