Juan Páez Ávila
Tal Cual, 28/11/11
En un país en el que todavía es factible que impere en la mentalidad de sus gobernantes una concepción autoritaria, caudillista y militarista para gobernar, la primeras víctimas del autoritarismo, el caudillismo y el militarismo, generalmente son las universidades, los centros de discusión y formación crítica del profesorado y en particular del estudiantado, sin descartar el grado de conciencia ciudadana demostrada por empleados y obreros, que si bien tienen objetivos distintos a los del proceso de enseñanza-aprendizaje, han tenido y tienen la oportunidad de compartir sus luchas por sus legítimas reivindicaciones económicas y sociales, con la defensa de las libertades públicas y en especial de la libertad de cátedra y de investigación que requieren las universidades para cumplir sus fines académicos y científicos.
De allí, tal vez, surge la ambigüedad en la conducta de profesores y estudiantes, sobre todo con rango de autoridades, frente a la exigencia del gobierno "revolucionario" del presidenteChávez, de extender el voto a empleados y estudiantes para elegir las autoridades que deben conducir los destinos de nuestras máximas casas de estudio. No la aceptan, no sólo porque es ilegal, sino también porque un universo de electores distinto al Claustro Universitario, pueda distorsionar los objetivos de formación científica, tecnológica y humanística de los educandos, propios de toda universidad, a la hora de elegir autoridades.
El objetivo del gobierno no es, desde luego, la transformación de la universidad en un centro superior de la excelencia, y ni siquiera de una mayor democratización de esas casas de estudio, al darles participación a empleados y obreros para elegir autoridades. Algo que sólo puede plantearse un gobierno formado por los mejores cerebros políticos del país y de una firme vocación democrática, y no un régimen mayoritariamente dirigido por mediocres, corruptos y de tendencia represiva.
Las universidades pueden aceptar el reto y derrotar a los mediocres candidatos del gobierno en elecciones universales, no sólo porque el autoritarismo y el militarismo son rechazados por la mayoría de la comunidad universitaria, sino también porque ésta puede elegir a los mejores o a las más calificadas autoridades, en sus distintos niveles, desde el Rector hasta los directores de escuelas.
De parte del gobierno ese planteamiento no es científico ni democrático, sino demagógico, que hábilmente lo coloca al lado de sectores mayoritarios de la comunidad universitaria. Para enfrentarlo hay que ser firmemente partidario de la excelencia educativa y verdaderamente democrático.
Si por mandato legal, para ser rector, vicerrector, secretario, decano o director de escuela e institutos de investigación, se exige haber alcanzado el más alto rango académico de Profesor Titular o Asociado, se reduce el riesgo de que una elección masiva pueda obstaculizar la buena marcha de la universidad en el cumplimiento de sus fines últimos.
Después de más de cuatro décadas de democracia nacional y en particular universitaria, de funcionamiento de su autonomía, un gobierno autoritario es rechazado por la mayoría de los estudiantes, empleados y obreros de las universidades autónomas.
De allí, tal vez, surge la ambigüedad en la conducta de profesores y estudiantes, sobre todo con rango de autoridades, frente a la exigencia del gobierno "revolucionario" del presidenteChávez, de extender el voto a empleados y estudiantes para elegir las autoridades que deben conducir los destinos de nuestras máximas casas de estudio. No la aceptan, no sólo porque es ilegal, sino también porque un universo de electores distinto al Claustro Universitario, pueda distorsionar los objetivos de formación científica, tecnológica y humanística de los educandos, propios de toda universidad, a la hora de elegir autoridades.
El objetivo del gobierno no es, desde luego, la transformación de la universidad en un centro superior de la excelencia, y ni siquiera de una mayor democratización de esas casas de estudio, al darles participación a empleados y obreros para elegir autoridades. Algo que sólo puede plantearse un gobierno formado por los mejores cerebros políticos del país y de una firme vocación democrática, y no un régimen mayoritariamente dirigido por mediocres, corruptos y de tendencia represiva.
Las universidades pueden aceptar el reto y derrotar a los mediocres candidatos del gobierno en elecciones universales, no sólo porque el autoritarismo y el militarismo son rechazados por la mayoría de la comunidad universitaria, sino también porque ésta puede elegir a los mejores o a las más calificadas autoridades, en sus distintos niveles, desde el Rector hasta los directores de escuelas.
De parte del gobierno ese planteamiento no es científico ni democrático, sino demagógico, que hábilmente lo coloca al lado de sectores mayoritarios de la comunidad universitaria. Para enfrentarlo hay que ser firmemente partidario de la excelencia educativa y verdaderamente democrático.
Si por mandato legal, para ser rector, vicerrector, secretario, decano o director de escuela e institutos de investigación, se exige haber alcanzado el más alto rango académico de Profesor Titular o Asociado, se reduce el riesgo de que una elección masiva pueda obstaculizar la buena marcha de la universidad en el cumplimiento de sus fines últimos.
Después de más de cuatro décadas de democracia nacional y en particular universitaria, de funcionamiento de su autonomía, un gobierno autoritario es rechazado por la mayoría de los estudiantes, empleados y obreros de las universidades autónomas.
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