Humberto Muñoz García
LAISUM, México, 10/11/11
La defensa de la autonomía es, en la actualidad, el principal reto de las universidades públicas. Hay que insistir en ello porque en las universidades de Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, recientemente, ha habido amenazas en su contra. La alerta proviene de lo dicho por el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor Enrique Fernández Fassnacht, en la entrevista realizada por el director de Campus, Jorge Medina Viedas, publicada la semana pasada.
Hay países donde la autonomía de las universidades no está sancionada en la ley suprema; los gobiernos la dan por hecho, y la respetan, en sus relaciones con las casas de estudio. En México, la autonomía universitaria aparece definida en la fracción siete del artículo tercero de la Constitución Política. Se otorgó de manera formal, por primera vez, en 1917, cuando el Congreso local decretó la creación de la Universidad de Michoacán.
En 1923, cuando se origina la Universidad de San Luis Potosí, el gobierno de la entidad decretó que sería una institución autónoma en lo que respecta a su funcionamiento interno. En 1929 se otorgó el carácter de autónoma a la Universidad Nacional de México. Hoy casi todas nuestras universidades han ganado la autonomía.
Estos antecedentes son importantes porque ha sido el gobierno el que estableció formalmente la autonomía para regular sus relaciones con las universidades públicas. Y han sido los gobiernos federal y estatales los que se han encargado de amenazarla y, en ocasiones, de violarla de manera flagrante.
La autonomía es fundamental para que las universidades no tengan ingerencias externas que quieran influir en el rumbo que se tracen. Es esencial para que las casas de estudio puedan fincar relaciones sanas con todos los públicos que en la sociedad se interesan por los resultados de su trabajo.
La autonomía garantiza que las universidades puedan esforzarse en dar una educación de la más alta calidad posible, dentro de sus condiciones y capacidades. La autonomía brinda la seguridad para que las universidades decidan qué y cómo enseñar, para elaborar sus planes y programas de estudio e investigar todo aquello que consideren importante conocer. Libertad de cátedra y de investigación, en suma.
También, la autonomía permite que las universidades se gobiernen por sus propias reglas. Por todo ello, dice el rector de la UAM, hay que “conservar el concepto de autonomía químicamente puro”.
En varios libros, resultado de proyectos de investigación del Seminario de Educación Superior de la UNAM, hemos tocado lo relativo a las relaciones de la universidad pública con el gobierno y el significado del carácter público y autónomo de nuestras universidades.
La revista Perfiles Educativos publicó un número especial con motivo del aniversario número ochenta de la autonomía de la UNAM. En estas publicaciones, y en otras, habíamos asentando los peligros y fragilidades de la autonomía en medio de políticas y actitudes de los gobiernos dirigidas al control político y académico de las universidades públicas.
La entrevista con el doctor Fernández Fassnacht ilustra, con toda claridad, algunos de los problemas que habíamos enunciado y analizado. El gobierno federal ha tratado de avanzar sobre la autonomía por medio de la rendición de cuentas orquestada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde donde pide regular y evaluar la vida académica de las instituciones.
En los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Hacienda tiene representantes en los órganos de gobierno que intervienen en la evaluación de dichas instituciones, en ejercicios que se llevan a cabo varias veces al año, lo cual es un sinsentido dentro de las lógicas con las que avanza la academia.
Me ha tocado escuchar, debatir y estar en contra de la idea de que la evaluación a la docencia universitaria se lleve a cabo mediante la intervención de la Dirección General de Profesiones, la cual podría determinar la entrega de la cédula profesional a los egresados de una serie de carreras mediante un examen que mida su calidad.
Otros han argumentado que se haga por la vía del examen de egresados que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Tiene toda la razón el rector de la UAM. Por cualquiera de estas vías se atenta contra la autonomía.
Hay un punto más, de enorme relevancia, que toca el rector de la UAM. Los programas de concurso por fondos extraordinarios, que fragmentan los recursos económicos, que han sido los vehículos para introducir la competencia entre las instituciones —una competencia en la que no todos tienen las mismas condiciones para competir, donde el gobierno es juez y parte—, han sido el canal por el cual el gobierno federal ha podido intervenir en el rumbo académico de las instituciones, la vía causante de que los académicos tengan que estar llenando formatos anuales para poder hacer normalmente su trabajo.
Dos cosas salen de aquí. La necesidad de un cambio de óptica y de procedimientos para financiar a las casas de estudio y la idea de poner en marcha un sistema de evaluación institucional que rompa con la república de los indicadores.
El país requiere que se hagan cambios que dejen a las universidades hacer su papel para apoyar el desarrollo nacional y local. La buena educación superior y la creación científica florecen más y mejor en un régimen democrático.
Hay que poner en marcha políticas que dejen en libertad política y académica a las universidades, mediante un nuevo pacto social en el cual intervengan los rectores y las comunidades académicas, que deben poner especial atención a las políticas educativas y a lo que resulta de la becarización de nuestro trabajo.
Por lo pronto, en defensa de la autonomía, sería deseable que nos unamos a las ideas del rector Fernández Fassnacht.
Hay países donde la autonomía de las universidades no está sancionada en la ley suprema; los gobiernos la dan por hecho, y la respetan, en sus relaciones con las casas de estudio. En México, la autonomía universitaria aparece definida en la fracción siete del artículo tercero de la Constitución Política. Se otorgó de manera formal, por primera vez, en 1917, cuando el Congreso local decretó la creación de la Universidad de Michoacán.
En 1923, cuando se origina la Universidad de San Luis Potosí, el gobierno de la entidad decretó que sería una institución autónoma en lo que respecta a su funcionamiento interno. En 1929 se otorgó el carácter de autónoma a la Universidad Nacional de México. Hoy casi todas nuestras universidades han ganado la autonomía.
Estos antecedentes son importantes porque ha sido el gobierno el que estableció formalmente la autonomía para regular sus relaciones con las universidades públicas. Y han sido los gobiernos federal y estatales los que se han encargado de amenazarla y, en ocasiones, de violarla de manera flagrante.
La autonomía es fundamental para que las universidades no tengan ingerencias externas que quieran influir en el rumbo que se tracen. Es esencial para que las casas de estudio puedan fincar relaciones sanas con todos los públicos que en la sociedad se interesan por los resultados de su trabajo.
La autonomía garantiza que las universidades puedan esforzarse en dar una educación de la más alta calidad posible, dentro de sus condiciones y capacidades. La autonomía brinda la seguridad para que las universidades decidan qué y cómo enseñar, para elaborar sus planes y programas de estudio e investigar todo aquello que consideren importante conocer. Libertad de cátedra y de investigación, en suma.
También, la autonomía permite que las universidades se gobiernen por sus propias reglas. Por todo ello, dice el rector de la UAM, hay que “conservar el concepto de autonomía químicamente puro”.
En varios libros, resultado de proyectos de investigación del Seminario de Educación Superior de la UNAM, hemos tocado lo relativo a las relaciones de la universidad pública con el gobierno y el significado del carácter público y autónomo de nuestras universidades.
La revista Perfiles Educativos publicó un número especial con motivo del aniversario número ochenta de la autonomía de la UNAM. En estas publicaciones, y en otras, habíamos asentando los peligros y fragilidades de la autonomía en medio de políticas y actitudes de los gobiernos dirigidas al control político y académico de las universidades públicas.
La entrevista con el doctor Fernández Fassnacht ilustra, con toda claridad, algunos de los problemas que habíamos enunciado y analizado. El gobierno federal ha tratado de avanzar sobre la autonomía por medio de la rendición de cuentas orquestada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde donde pide regular y evaluar la vida académica de las instituciones.
En los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Hacienda tiene representantes en los órganos de gobierno que intervienen en la evaluación de dichas instituciones, en ejercicios que se llevan a cabo varias veces al año, lo cual es un sinsentido dentro de las lógicas con las que avanza la academia.
Me ha tocado escuchar, debatir y estar en contra de la idea de que la evaluación a la docencia universitaria se lleve a cabo mediante la intervención de la Dirección General de Profesiones, la cual podría determinar la entrega de la cédula profesional a los egresados de una serie de carreras mediante un examen que mida su calidad.
Otros han argumentado que se haga por la vía del examen de egresados que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Tiene toda la razón el rector de la UAM. Por cualquiera de estas vías se atenta contra la autonomía.
Hay un punto más, de enorme relevancia, que toca el rector de la UAM. Los programas de concurso por fondos extraordinarios, que fragmentan los recursos económicos, que han sido los vehículos para introducir la competencia entre las instituciones —una competencia en la que no todos tienen las mismas condiciones para competir, donde el gobierno es juez y parte—, han sido el canal por el cual el gobierno federal ha podido intervenir en el rumbo académico de las instituciones, la vía causante de que los académicos tengan que estar llenando formatos anuales para poder hacer normalmente su trabajo.
Dos cosas salen de aquí. La necesidad de un cambio de óptica y de procedimientos para financiar a las casas de estudio y la idea de poner en marcha un sistema de evaluación institucional que rompa con la república de los indicadores.
El país requiere que se hagan cambios que dejen a las universidades hacer su papel para apoyar el desarrollo nacional y local. La buena educación superior y la creación científica florecen más y mejor en un régimen democrático.
Hay que poner en marcha políticas que dejen en libertad política y académica a las universidades, mediante un nuevo pacto social en el cual intervengan los rectores y las comunidades académicas, que deben poner especial atención a las políticas educativas y a lo que resulta de la becarización de nuestro trabajo.
Por lo pronto, en defensa de la autonomía, sería deseable que nos unamos a las ideas del rector Fernández Fassnacht.
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