Alicia Rviera
El País, 10/05/11
Si hay que buscar un denominador común a las valoraciones de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sería que es la ley de lo posible. "No es el mejor resultado, sino el mejor resultado que hemos podido conseguir entre todos", resumía ayer el secretario de Estado de Investigación Felipe Pétriz, padre visible del documento final de la nueva norma que pasado mañana, seguramente, aprobará definitivamente el Parlamento. No cambia el modelo del sistema español de I+D, pero se reparan desgarrones abiertos desde la ley vigente, la de 1986, y se abren caminos cuyo resultado y eficacia se verán al irse concretando en actuaciones y reglamentos.
La ley nace sin suscitar mucho entusiasmo ni entre científicos ni entre gestores de I+D, pero se reconocen puntos positivos. Tal vez el más celebrado sea el hecho de contar con el consenso del arco parlamentario, lo que debe conferir estabilidad al sistema.
La carrera profesional de los científicos sigue siendo funcionarial, pero incorpora nuevas modalidades iniciales de contratos laborales, mejorando, sobre todo el de la fase de formación, por lo que los actuales becarios predoctorales pasarán a tener contrato. La tan demandada Agencia Estatal de Investigación se enuncia, pero queda pendiente de su puesta en marcha en el plazo de un año. La coordinación explícita de la Administración central con las comunidades autónomas en materia de I+D es una de las virtudes casi unánimemente reconocida, así como la mejor coordinación con la Universidad y la incorporación de la investigación sanitaria al sistema de I+D. Una novedad notable es la inclusión de la innovación en la nueva norma (aunque también regula esta materia la Ley de Economía Sostenible). También surge un comité de ética que vigilará las malas prácticas de investigación.
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