José A. Véliz*
UDISTAS, 15/06/11
El recorte presupuestario que el gobierno nacional ha impuesto a las universidades data de los tiempos de la “cuarta república”. Es una vieja dolencia, la presupuestaria, que se agravó en estos tiempos de “inclusión”, de demagogia y falsas promesas. La calidad de la educación no está ni remotamente garantizada. La Universidad de Oriente es un ejemplo fehaciente de ello.
Las luchas universitarias de otros tiempos tuvieron como motivo, primero, la autonomía, y luego el presupuesto. Las consignas “no a la intervención” y “presupuesto justo para las universidades” fueron las banderas de todas las acciones combativas llevadas a cabo por los gremios universitarios. Bastantes “peinillazos” y bombas lacrimógenas se emplearon en apaciguar aquellas protestas estudiantiles donde muchos vehículos fueron quemados y muchos presos, torturados y desparecidos hubo por defender esas premisas. Hoy estamos reclamando lo mismo, con la diferencia de que muchos de aquellos que trataron de inmolarse para que esas consignas se respetaran, atentan ahora, desde altos cargos, contra aquellos preciados principios.
Da pena ajena la hipocresía de quienes en nombre de la inclusión, violando las actas convenio, abarrotan salones de clases sin las más mínimas condiciones, argumentando que se inscriben 60 alumnos porque no todos llegarán al final. Semejante argumento, además de falso, es la prueba clara de que quienes planifican no creen en la inclusión verdadera ni en la capacidad de cada estudiante de avanzar, sino que ven sólo el redondeo, el número de “incluidos” que, al inicio del semestre, es lo que cuenta. Vulgar demagogia. No hay inclusión cuando se planifican, en horarios inapropiados y aulas sin condiciones mínimas garantizadas, secciones de clase para “maximizar” el uso de los pocos espacios que maneja cada departamento, en un campus donde después de las 6 de la tarde reinan la oscuridad y la inseguridad, donde no hay vigilancia efectiva y el último bus del transporte universitario parte antes de que finalicen los horarios de clase. Es difícil exigirles buen rendimiento a nuestros estudiantes cuando las situaciones básicas del ámbito cotidiano no están resueltas.
No hay inclusión cuando, aduciendo la falta presupuestaria, se imposibilita la capacidad de acción de las autoridades universitarias –violando el principio de autonomía– para la contratación de nuevos profesores. Con un mayor número de profesores sería posible atender más adecuadamente, en un mayor número de secciones, a la cantidad de estudiantes que ingresan por semestre.
Siendo la educación algo tan fundamental e importante para todos no se entiende cómo el ministerio encargado (en definitiva, el gobierno nacional) puede prohibir contratar más personal docente, se niega a mejorar significativamente los sueldos de los docentes, no se dispone con eficacia a construir nueva infraestructura universitaria o contribuye efectivamente a mantener o reparar la existente, ni aporta sustancialmente para incrementar la dotación de bibliotecas y laboratorios, etc.; pero, omitiendo este maltrato a las universidades, exige a éstas la inclusión de un número cada vez mayor de estudiantes. El resultado de este sinsentido es una universidad suspendida, que se mece en un hilo muy débil, un hilo que no puede estirarse más. Poco a poco van flaqueando los que hacen vida en ella, desmejorando su existencia y flexibilizando sus exigencias. Si no hay auténtica intención de inclusión, ésta excluye y, por lo tanto, mata. Parece que para aparentar ser inclusivos debemos excluir la calidad.
Las luchas universitarias de otros tiempos tuvieron como motivo, primero, la autonomía, y luego el presupuesto. Las consignas “no a la intervención” y “presupuesto justo para las universidades” fueron las banderas de todas las acciones combativas llevadas a cabo por los gremios universitarios. Bastantes “peinillazos” y bombas lacrimógenas se emplearon en apaciguar aquellas protestas estudiantiles donde muchos vehículos fueron quemados y muchos presos, torturados y desparecidos hubo por defender esas premisas. Hoy estamos reclamando lo mismo, con la diferencia de que muchos de aquellos que trataron de inmolarse para que esas consignas se respetaran, atentan ahora, desde altos cargos, contra aquellos preciados principios.
Da pena ajena la hipocresía de quienes en nombre de la inclusión, violando las actas convenio, abarrotan salones de clases sin las más mínimas condiciones, argumentando que se inscriben 60 alumnos porque no todos llegarán al final. Semejante argumento, además de falso, es la prueba clara de que quienes planifican no creen en la inclusión verdadera ni en la capacidad de cada estudiante de avanzar, sino que ven sólo el redondeo, el número de “incluidos” que, al inicio del semestre, es lo que cuenta. Vulgar demagogia. No hay inclusión cuando se planifican, en horarios inapropiados y aulas sin condiciones mínimas garantizadas, secciones de clase para “maximizar” el uso de los pocos espacios que maneja cada departamento, en un campus donde después de las 6 de la tarde reinan la oscuridad y la inseguridad, donde no hay vigilancia efectiva y el último bus del transporte universitario parte antes de que finalicen los horarios de clase. Es difícil exigirles buen rendimiento a nuestros estudiantes cuando las situaciones básicas del ámbito cotidiano no están resueltas.
No hay inclusión cuando, aduciendo la falta presupuestaria, se imposibilita la capacidad de acción de las autoridades universitarias –violando el principio de autonomía– para la contratación de nuevos profesores. Con un mayor número de profesores sería posible atender más adecuadamente, en un mayor número de secciones, a la cantidad de estudiantes que ingresan por semestre.
Siendo la educación algo tan fundamental e importante para todos no se entiende cómo el ministerio encargado (en definitiva, el gobierno nacional) puede prohibir contratar más personal docente, se niega a mejorar significativamente los sueldos de los docentes, no se dispone con eficacia a construir nueva infraestructura universitaria o contribuye efectivamente a mantener o reparar la existente, ni aporta sustancialmente para incrementar la dotación de bibliotecas y laboratorios, etc.; pero, omitiendo este maltrato a las universidades, exige a éstas la inclusión de un número cada vez mayor de estudiantes. El resultado de este sinsentido es una universidad suspendida, que se mece en un hilo muy débil, un hilo que no puede estirarse más. Poco a poco van flaqueando los que hacen vida en ella, desmejorando su existencia y flexibilizando sus exigencias. Si no hay auténtica intención de inclusión, ésta excluye y, por lo tanto, mata. Parece que para aparentar ser inclusivos debemos excluir la calidad.
*Profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Oriente
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