Ciencias, LOCTI y empresas

Luis Fuenmayor Toro

La Razón, 13/03/11

Uno de los elementos innovadores en materia de financiamiento de las ciencias, introducidos por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, lo constituyó la obligación que establecía para que las empresas venezolanas invirtieran en su modernización, de manera de hacerse más eficaces y eficientes y mucho más competitivas de lo que hoy son. Esta obligación debía comenzar, y así lo ordenaba la ley, por la más grande de las empresas de la república: Petróleos de Venezuela. PDVSA tenía que invertir en el país en la producción de ciencia y tecnología, para de poder suplir sus permanentes necesidades en la materia, mantener un proceso de mejoramiento, modernización y funcionamiento constantes y garantizar la realización de las inversiones necesarias para su crecimiento y desarrollo. Además de crecer, cuantitativamente hablando, PDVSA cambiaría radicalmente su objeto para convertirse en una empresa de energía y no sólo de exportación de materia prima.

PDVSA siempre ha tenido que invertir en la compra de la ciencia y la tecnología que requiere para funcionar, pero estas adquisiciones se efectúan en el exterior, es decir, PDVSA importa ciencia, tecnología y asesoría, lo cual favorece a los países desarrollados, quienes son los principales exportadores mundiales de estos rubros. La LOCTI de 2005, modificada antipatrióticamente hace poco, obligaba a la petrolera del Estado a invertir en desarrollo científico y tecnológico, en una cantidad acorde con sus ingresos brutos y con su característica de comerciar petróleo, pero lo más importante era que exigía que esas inversiones se efectuaran en el país, en los laboratorios de investigación venezolanos, lo que resolvía además el problema de la obtención de recursos suficientes para el financiamiento nacional de la investigación científica y tecnológica.

En la generación de estos recursos, la única empresa venezolana realmente grande tenía que ser la principal contribuyente, pues es la que dispone de esa potencialidad financiera y adicionalmente es la que más utiliza ciencias y tecnología para sus operaciones. El resto de las empresas del país, oficiales y privadas, también destinarían una parte de sus ingresos brutos, para mantenerse en las mejores condiciones de producción y transformarse en empresas competitivas. Es importante que se entienda que la ley obligaba a las empresas a invertir en ellas mismas, es decir, a utilizar parte de sus ingresos en su permanente actualización tecnológica, modernización y expansión. La LOCTI de 2005 tenía entonces el mérito de resolver el problema de la modernización del parque industrial venezolano, mediante su obligatorio enlace con los organismos nacionales productores de conocimientos, y el problema del desarrollo de las ciencias y la tecnología en el país, a través del financiamiento empresarial.

Las contribuciones empresariales ordenadas y estimadas por la LOCTI no eran recursos del Estado venezolano, no se trataba de fondos de carácter impositivo, se trataba repito de dinero de las empresas que éstas estaban obligadas a invertir en sí mismas, algo que no se entendió bien en el seno del propio gobierno, en el cual algunos pensaron que se trababa de una suerte de impuesto parafiscal. Nada más lejos del objetivo que se pretendía obtener. Se quería que las grandes empresas, por obligación legal, tuvieran que destinar parte de sus ingresos, de su dinero, a la modernización de sus instalaciones y a la innovación y renovación tecnológicas, en función de su progreso. Para ello tenían que contratar con las universidades y otros centros del conocimiento, distintos proyectos pertinentes a sus necesidades y planes. De esa manera, las empresas cubrirían sus necesidades y nuestros centros de investigación obtendrían el financiamiento necesario.

En 2007, se inició la instrumentación de este novedoso mecanismo financiero, lo que hizo saltar la inversión en ciencias y tecnología de 0,4  por ciento del PIB a más de 2 por ciento, por lo que se iniciaba una etapa cualitativamente diferente en el sector científico y tecnológico del país. Lamentablemente, desde un principio PDVSA se declaró reacia a aceptar la necesidad de adquirir en el país la ciencia y tecnología que necesitaba para funcionar, mientras el SENIAT insistía en considerar los recursos de la LOCTI como impuestos, que debían estar bajo su administración. Al final, un equipo ministerial ajeno a las ciencias y unos parlamentarios más ajenos todavía, modifican la ley y le dan a las obligadas inversiones empresariales el carácter de impuesto parafiscal, el cual deciden destinar a ser la fuente presupuestaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La obligación de PDVSA es reducida de 2 a 0,5 por ciento de sus ingresos, dando al traste con la única posibilidad de crecimiento del sector científico que ha habido en el país desde 1958.

 

La Razón, pp A-8, 13-3-2011, Caracas