Orlando Albornoz
El Nacional, 16/02/11
Aceptado el supuesto de cómo el sistema de educación superior de Venezuela se halla en "caída libre", es obligante decir quién es responsable de tal proceso. Es fácil y expedito señalar al actual Gobierno por tal estropicio. Ello no sería falso, pero es parcial, porque la responsabilidad es para una sociedad que ha sido incapaz de construir una maquinaria de producción y mantenimiento del conocimiento. Lo trágico del asunto es que Chávez ya no tiene respuestas para los grandes y graves problemas de la sociedad, pues enfocó sus objetivos en la preservación del poder y no en el ejercicio de gobierno. A pesar de su optimismo a Chávez se le pasó la hora de construir y lo único que le resta es defender su posición: permanecer en el poder.
Tal caída no comienza en el año 1999, sino que tiene su origen en 1958, porque para hablar con propiedad de decadencia tendría que hablar de desarrollo y éste, en todos estos años, no ha podido ser construido por una sociedad que ha mirado para el lado opuesto a lo que la academia persigue como objetivos.
Tenemos aún un sistema en donde las instituciones conceden títulos profesionales de por vida, sin control de calidad.
Tenemos una fórmula inoperante de seguridad social que permite que el personal pasivo tenga los mismos derechos que el activo, incluso con carácter hereditario. Tenemos un calendario escolar universitario de nivel básico y se pretende incluso hablar de currículo en el nivel superior.
¿Qué podremos hacer en el futuro para disponer de un sistema de educación superior eficiente y de calidad? Quienes adversan al actual Gobierno están a la vera del camino esperando que éste cambie.
Quienes lo favorecen esperan que el mismo llegue hasta el año glorioso de 2030, pasando por 2012, 2018 y 2024. Ni unos ni otros saben cómo hacer; un buen ejemplo de la inercia es lo que ocurre con el PPI. Para ello, el país tendrá que organizar una comisión internacional para que elabore un diagnóstico, análisis y prospectiva del sistema para los próximos 20 o 30 años. Hay talento en el país y en el mundo para resolver este problema, en un año y a bajo costo. Digo buscar ayuda internacional porque el actual Gobierno no tiene cómo resolver el problema, sobre todo porque concede la dirección de estos asuntos a personas con notables deficiencias técnicas para incluso comprender lo que pasa en la escuela superior. La mayoría de los venezolanos que sabrían cómo hacerlo están descartados porque son sospechosos habituales como quien firma esta breve nota.
Más bien en el país muchos parecen creer que la solución del problema así llamado de la educación superior es jurídico. Esto es, de la ley adecuada, en un Gobierno que ve en las leyes un fetiche o un tótem.
Ideas van y vienen pero a falta de un instituto de investigaciones en el área, que valorase las variables en juego, cabría la solución tecnocrática y meritocrática de una comisión como la citada. Supongo que los miembros de dicha comisión tendrían que escogerse en Estados Unidos, Europa o Asia, en segunda instancia en expertos de la región, en Argentina, Brasil, Chile y México, y en tercer lugar en países como los del ALBA, pero que yo sepa en este bloque no se hallan estas experticias, excepto en Cuba, que son expertos universales.
Si existe algún interesado en examinar con objetividad estos conceptos de desarrollo y decadencia de la academia venezolana basta que lea las propuestas de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, así como las que hacen quienes promueven la nueva ley de universidades. Ambas revelan una mentalidad que nos remite a etapas superadas del pensamiento y de las tecnologías educativas del caso. Por cierto, el doctor Rigoberto Lanz habrá arado en el mar, porque la actual propuesta de la nueva Locti nos regresa al positivismo del siglo XIX en vez del avance epistemológico que él ha propuesto, con el cual se puede estar en desacuerdo pero que ciertamente envuelve una superación del antiguo positivismo. Por ello, entonces, en vez de hablar de desarrollo y de decadencia, cabría referirnos a otro estadio: cómo una sociedad contemporánea aborda el problema del conocimiento.
Tal caída no comienza en el año 1999, sino que tiene su origen en 1958, porque para hablar con propiedad de decadencia tendría que hablar de desarrollo y éste, en todos estos años, no ha podido ser construido por una sociedad que ha mirado para el lado opuesto a lo que la academia persigue como objetivos.
Tenemos aún un sistema en donde las instituciones conceden títulos profesionales de por vida, sin control de calidad.
Tenemos una fórmula inoperante de seguridad social que permite que el personal pasivo tenga los mismos derechos que el activo, incluso con carácter hereditario. Tenemos un calendario escolar universitario de nivel básico y se pretende incluso hablar de currículo en el nivel superior.
¿Qué podremos hacer en el futuro para disponer de un sistema de educación superior eficiente y de calidad? Quienes adversan al actual Gobierno están a la vera del camino esperando que éste cambie.
Quienes lo favorecen esperan que el mismo llegue hasta el año glorioso de 2030, pasando por 2012, 2018 y 2024. Ni unos ni otros saben cómo hacer; un buen ejemplo de la inercia es lo que ocurre con el PPI. Para ello, el país tendrá que organizar una comisión internacional para que elabore un diagnóstico, análisis y prospectiva del sistema para los próximos 20 o 30 años. Hay talento en el país y en el mundo para resolver este problema, en un año y a bajo costo. Digo buscar ayuda internacional porque el actual Gobierno no tiene cómo resolver el problema, sobre todo porque concede la dirección de estos asuntos a personas con notables deficiencias técnicas para incluso comprender lo que pasa en la escuela superior. La mayoría de los venezolanos que sabrían cómo hacerlo están descartados porque son sospechosos habituales como quien firma esta breve nota.
Más bien en el país muchos parecen creer que la solución del problema así llamado de la educación superior es jurídico. Esto es, de la ley adecuada, en un Gobierno que ve en las leyes un fetiche o un tótem.
Ideas van y vienen pero a falta de un instituto de investigaciones en el área, que valorase las variables en juego, cabría la solución tecnocrática y meritocrática de una comisión como la citada. Supongo que los miembros de dicha comisión tendrían que escogerse en Estados Unidos, Europa o Asia, en segunda instancia en expertos de la región, en Argentina, Brasil, Chile y México, y en tercer lugar en países como los del ALBA, pero que yo sepa en este bloque no se hallan estas experticias, excepto en Cuba, que son expertos universales.
Si existe algún interesado en examinar con objetividad estos conceptos de desarrollo y decadencia de la academia venezolana basta que lea las propuestas de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, así como las que hacen quienes promueven la nueva ley de universidades. Ambas revelan una mentalidad que nos remite a etapas superadas del pensamiento y de las tecnologías educativas del caso. Por cierto, el doctor Rigoberto Lanz habrá arado en el mar, porque la actual propuesta de la nueva Locti nos regresa al positivismo del siglo XIX en vez del avance epistemológico que él ha propuesto, con el cual se puede estar en desacuerdo pero que ciertamente envuelve una superación del antiguo positivismo. Por ello, entonces, en vez de hablar de desarrollo y de decadencia, cabría referirnos a otro estadio: cómo una sociedad contemporánea aborda el problema del conocimiento.
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