Emily Avendaño / Lilia Malavé
El Nacional, 02/10/11
DOTACIÓN Universidades no reciben los dólares que necesitan para suscripciones vitales
La investigación en Venezuela puede compararse con una carrera de obstáculos, entre los que hay que mencionar la dificultad para tener acceso a información científica actualizada. La razón: las bibliotecas universitarias no han podido renovar desde el año pasado las suscripciones a las revistas y bases de datos científicas por la dificultad para obtener las divisas.
Marlene Baute, presidenta de la Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas y Servicios de Información Académica y de Investigación y directora de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de los Andes, señala que la mayoría de las universidades públicas están atrasadas en el pago de los recursos electrónicos y la suscripción a las revistas científicas, que deben cancelarse a proveedores internacionales. "Desde noviembre de 2010 cada universidad debe tramitar sus propias solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas. Eso implica un diseño de procedimientos y una inversión de tiempo para las bibliotecas". El trámite es muy lento, agrega, y ha afectado duramente a todas las casas de estudio.
Miriam Araujo, directora de la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, considera que el retraso obedece a que los servicios de Cadivi no fueron diseñados para atender los requerimientos de una institución pública y, mucho menos, de una biblioteca. "Piden una cantidad de requisitos que son muy difíciles de obtener.
Para nosotros ese ha sido un procedimiento engorroso y angustiante".
Las suscripciones a bases de datos académicas y publicaciones electrónicas provenientes del exterior requieren el pago adelantado en dólares.
Ese es el principal problema, explica Baute. En Venezuela, para que se haga el pago adelantado de un servicio en divisas, el proveedor debe dar una garantía de fiel cumplimiento y una fianza de anticipo que asegure que el precio del servicio no será modificado. Eso implica la devolución, por parte del proveedor, de una fracción del dinero cancelado, que al término del contrato le será reintegrado. "Pero los proveedores no trabajan con ese esquema. Y aunque estuvieran dispuestos a hacerlo, hay universidades que no tienen cuentas en dólares para realizar la transacción. Es mucha burocracia", añade.
"Hasta ahora a la USB no se le ha aprobado ni un solo dólar; por el contrario, las solicitudes que hemos hecho han sido negadas precisamente por falta de un documento", indicó Araujo. "Nos han pedido que las facturas de los servicios lleven la apostilla de La Haya. ¿Qué proveedor va a ir al Consulado a tramitar algo así?".
Para que los servicios de información de la USB ofrezcan todas las bases de datos y publicaciones electrónicas con las que contaron hasta 2009 es necesaria la aprobación de 2,5 millones de dólares, que no les han dado.
Sin acceso. Hasta el año pasado, la Universidad Central de Venezuela contó con la base de datos Proquest en su Servicio de Información Científica, Humanística y Tecnológica. Esa herramienta con información multidisciplinaria ya no está disponible.
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