El Mercurio (Blogs), Chile, 05/12/10
El Gobierno ha enviado, con carácter de suma urgencia, un proyecto de ley para reformar un aspecto trascendental de nuestro sistema educativo. Ese carácter de urgencia ha sido criticado fuertemente por la oposición y, es muy probable, será algo que el Gobierno deberá flexibilizar. Llama la atención esa crítica tan severa, sobre todo tomando en consideración que los temas que aborda este proyecto de ley son parte de un gran paquete de acuerdos que comenzó a gestarse después del levantamiento pingüino, al comenzar el gobierno de la Presidenta Bachelet.
En los debates y comisiones sucesivas que precedieron a este gran acuerdo que permitió con posterioridad la tramitación y aprobación de la Ley General de Educación, había temas en que la gran mayoría coincidía: la calidad de la educación que se estaba entregando a los alumnos, sobre todo a aquellos con menor capital cultural y más vulnerables, pasaba por la mejoría de las capacidades de los profesores y directivos de los establecimientos educacionales a los que estos niños asistían. Los que fuimos parte de esas sucesivas comisiones, sabíamos que la nueva ley marco (LEGE) no traería aparejada ninguna mejoría en calidad, si los actores del sistema educativo no mejoraban sus capacidades y, a la vez, no se les traspasaba mayores responsabilidades en un marco de mayores exigencias y mejores remuneraciones e incentivos económicos. Todos estos temas son hoy abordados en este proyecto. Sabíamos también, y lo discutimos ampliamente no sólo en la Comisión respectiva sino que en el Parlamento, que si al sistema no se le sometía a un mayor control y mayor exigencia de transparencia y entrega de información, junto a un acompañamiento de aquellos establecimientos con mayores déficits, nada cambiaría tampoco en los resultados de los alumnos. Es así que hoy se encuentra ya en sus últimos trámites legislativos la ley que crea una Superintendencia de Educación y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, sin el cual la recientemente aprobada Ley General de Educación no sería operativa. El marco legal, que está en vías de aprobarse, tuvo inexplicables retrasos, al desconocerse parte de los acuerdos que se habían alcanzado en el gobierno anterior y por parte de los mismos actores que habían suscrito dichos acuerdos.
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