Rigoberto Lanz
El Nacional, 19/12/10
Tengo en mi escritorio los tomos especialmente editados por la amiga Nena Riera cuando compartíamos la esperanza de una "Misión Ciencia" volcada al debate en todos los niveles. Allí está reflejada una discusión fundamental.
Allí están recogidos los enfoques más diversos sobre el entramado tecno-científico. Allí pudimos desplegar una batería de argumentación a dos velocidades: al interior de los colectivos que formulan políticas públicas en el área; en el seno de las comunidades intelectuales que trabajan este asunto en clave epistemológica. A todo efecto, la experiencia político-intelectual de estos pocos años es clave para entender ahora las derivas que se observan en la gestión del Estado en esta materia.
El debate que se insinúa por estos días sobre el Programa de Promoción del Investigador está montado a sabiendas o no en un conjunto de supuestos sin cuya clarificación es muy difícil avanzar. Suprimir o ampliar el PPI está asociado a una trama de concepciones e intereses que deben ser puestos por delante para ahorrarnos malentendidos, retóricas ocultadoras e hipocresías de variado tipo. El PPI podría ser una derivación de política pública que está precedida de los ejes gruesos de otra concepción de las ciencias, es decir: -n nuevo paradigma para la producción de conocimiento; -otra manera de encarar su enseñanza; -un nuevo modelo de gestión que arranque de raíz la impronta burocrático-cientificista que sigue operando a pesar de las envolturas revolucionarias.
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