La muerte del conocimiento

Carlos Machado Allison
El Universal, 07/12/10

Un grupo de ciudadanos conocidos por su ignorancia y sumisión, modificaron la ley (LOCTI) que le había dado algún oxígeno a los centros de investigación y a las empresas privadas. Esa ley hacía compulsorio dedicar un porcentaje de las ventas a la investigación, capacitación o modernización tecnológica de la empresa. Gracias a ella las empresas contrataban, de acuerdo a sus necesidades, a las universidades y otros núcleos de investigación. Éstos, a su vez, elevaban propuestas vinculadas al estado internacional del desarrollo tecnológico o de los avances científicos que fueran relevantes al desarrollo de nuestro país. Los que conocían sus necesidades y los que podían suplirlas, negociaban directamente. Eso funcionaba bien.

La modificación de la ley tiene como objetivo obligar, a empresas e instituciones con competencias en investigación y desarrollo tecnológico, a someterse al dictamen del Gobierno. Los recursos irán a las arcas centrales y allí deberán acudir los interesados con sus proyectos. Ya podrá el lector concluir que si éstos no se ajustan al credo socialista -o como lo quieran llamar- pues, simplemente, no serán aprobados.

Peor aún, nadie sabe de dónde sacarán las competencias necesarias para juzgar con acierto qué necesita cada empresa en materia tecnológica o la calidad de la propuesta generada por alguna universidad.

Esta ley, le daba oxígeno a la relación entre empresas y sector académico, relación que en los países desarrollados no sólo es natural, sino indispensable. Los países exportadores necesitan competir en los mercados internacionales y para ello ciencia y tecnología, como todo el mundo sabe o deduce, es algo vital.

Aun si no exportan, las empresas también deben competir en el mercado interno a través de productos novedosos, de calidad creciente o menor costo y para ello, ciencia y tecnología son importantes. De allí que, cuando se cuantifican los aportes para financiar la innovación, en muchos países los del sector privado superan a los correspondientes al Gobierno. Un ejemplo son las innovaciones que se han perpetuado en empresas que llevaron, o aún llevan el nombre de inventores: Boulton & Watt, Edison, John Deere, King Gillette, Westinghouse, Daimler, Lumiére o Siemens.

Obviamente todos en países desarrollados, con economía de mercado, emprendimiento, exportaciones diversificadas, inventiva, seguridad social, viviendas, grandes universidades y laboratorios, abundante empleo, elevado índice de desarrollo humano y valoración del conocimiento. Al asesinar a la LOCTI nuestro Gobierno es consistente en su esfuerzo para mantener a Venezuela en los últimos lugares de las clasificaciones sobre competitividad, inversión privada, libertad para hacer negocios, garantías sobre la propiedad privada. Cosas que marcan la diferencia entre el primer y el último mundo.

La capacidad de inventiva de nuestro Gobierno revolucionario es realmente extraordinaria, en efecto, cada día inventan algo para destruir al país.
El Universal