¿Rendir cuentas?

Eleazar Narváez
El Nacional, 02/11/10

Cada vez que en nuestras universidades, sobre todo en las autónomas, explota la protesta ante la arbitraria asignación de un presupuesto que las obligan a sobrevivir, inmediatamente sale del coro gubernamental la exigencia de la rendición de cuentas a esas instituciones. Con esa cantaleta, que paradójicamente se le oye al Presidente y a otros funcionarios del actual régimen, y también a varios de sus seguidores que la corean de modo irreflexivo por solidaridad automática, se pretende más que neutralizar o aplacar la expresión del malestar de los universitarios por el estrangulamiento presupuestario al que son sometidas nuestras casas de estudio. Con ese estribillo se persigue intimidar y desacreditar a las autoridades universitarias, dando a entender muchas veces de una manera poco seria e irresponsable, sin las debidas pruebas del caso, que éstas no exhiben una gestión transparente y están involucradas en actos de corrupción en el manejo de los recursos asignados por el Estado. Se trata de una cantinela en la que destaca, en definitiva, la intención de desprestigiar y desestabilizar a todas y cada una de las instituciones universitarias que aún se resisten a alinearse con el proyecto político gubernamental, a las cuales, al ser tildadas de enemigas de la revolución, hay que castigarlas por distintas vías, entre ellas, la presupuestaria.

Lo curioso y paradójico es que esa exigencia de la rendición de cuentas a las universidades sea hecha precisamente por un gobierno que no la practica y mucho menos la facilita en correspondencia con lo previsto en el artículo 143 de la actual Constitución, en cuyo texto se hace referencia a la obligación de la Administración Pública de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser informados e informadas oportuna y verazmente, con base en los principios señalados en el artículo 141 del texto constitucional. Una interrogante, entre muchas otras que podemos formular, nos viene a la memoria aquí a manera de ejemplo: ¿Acaso el Presidente y sus respectivos Ministros, más allá de los “acicalados” y costosos mensajes publicitarios utilizados en diversos medios, de verdad han rendido cuentas al país acerca de los cuantiosos recursos asignados a las llamadas Misiones educativas? Pues, no.

A esa práctica farisaica del régimen chavista, consistente en no cumplir con aquello que es exigido como obligación con propósitos punitivos a quienes no comparten su proyecto, cabe agregarle otro rasgo muy importante: su escaso o nulo interés por desarrollar la cultura de la rendición de cuentas como un componente esencial de la democracia y de los gobiernos democráticos, mediante el cual se establecen y fortalecen los canales de comunicación y diálogo entre el Estado y los diversos actores sociales, a fin de propiciar y apoyar la participación activa y reflexiva de la ciudadanía en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En tal sentido, el régimen se excluye y se coloca al margen de la responsabilidad que tiene, como cualquiera organización social en el ámbito público, para informar sobre sus acciones, explicarlas y responsabilizarse por ellas al someterlas al escrutinio crítico de la sociedad.

Ante este fariseísmo en el comportamiento gubernamental, ¿qué pueden y deben hacer nuestras universidades? Profundizar su compromiso con el principio de rendición de cuentas, concebido, eso sí, en una perspectiva pluridimensional, no reducido a los aspectos administrativos y presupuestarios, y con propósitos que trasciendan la sola preocupación punitiva que tanto obsesiona al gobierno chavista. La oportunidad es propicia para que nuestras instituciones universitarias den el ejemplo y vayan más allá en el cumplimiento de lo que hacen en la actualidad con apego a las leyes y a la Constitución, al someterse a las auditorías internas y demás requerimientos de la Contraloría General de la República, y presentar cada año la Memoria y Cuenta a la Asamblea Nacional.

Ese paso adelante lo pueden y deben dar las universidades con una rendición de cuentas basada en un serio proceso de evaluación institucional que contemple, incluso, la participación de otras instituciones del Estado. Para ello contamos con el seguro y calificado apoyo de conocidos expertos en esa materia, como César Villarroel y Mercedes Camperos, entre otros.

Ahí les dejo el reto al Gobierno y a las universidades.

El Nacional