Eleazar Narváez
Insisto en esta materia porque se trata de un elemento clave para la vida política y social del país y, por supuesto, para nuestras universidades. Es una discusión que debemos realizar, a fin de valorar las reales implicaciones y potencialidades de lo que significa ese concepto para el ejercicio del servicio público. Esto es esencial para que podamos desnudar y trascender la hipocresía gubernamental cuando es exigida la rendición de cuentas sólo a quienes son considerados enemigos del proyecto del régimen; y también para que las instituciones universitarias puedan asumir y traducir en la práctica ese concepto para hacerse más visibles y potenciar su autonomía.
La rendición de cuentas, un concepto tan fundamental como elusivo, puede definirse en términos generales como el mecanismo que debe utilizar cualquier organización social del ámbito público para informar acerca de sus acciones, explicarlas y hacerse responsables por ellas al someterlas al examen crítico de la sociedad.
Vista así, implica, por lo menos en el papel, una verdadera transformación cultural en la concepción y en el ejercicio del servicio público, pues sería un instrumento formidable para establecer y fortalecer los canales de comunicación entre el Estado y los diversos actores sociales, con el propósito de propiciar y apoyar la participación activa y reflexiva de éstos en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Lo deseable y necesario es que nuestras universidades, sin poner en entredicho su autonomía, hagan suya la rendición de cuentas como parte y expresión de un sistema de evaluación institucional concebido para asegurar y fortalecer su calidad. Se trataría de una rendición de cuentas pluridimensional para hacer más visibles y mejorar sus realizaciones con una mayor participación.
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