Celso Medina
El Nacional, 18/01/11
Una paradoja recorre los pasillos universitarios. Los poderes instituidos enarbolan las bandera de la autonomía, pero son ellos, precisamente, los que la mantuvieron secuestrada. La Ley de Universidades de los setenta la consagraba, pero a la vez generaba el caldo de cultivo para su cautiverio.
Al parecer, esos poderes llaman "autonomía" el derecho a gobernar sin restricciones.
Siempre esquivan otros temas: el de permitir que la misma institución los vigile, el rendir cuentas, etc. Quieren demonizar el Estado docente, procuran cambiarlo por la sociedad educativa, la sociedad civil y otras entelequias típicas del posmodernismo de derechas, a las que quieren entregarles la confección de la legalidad universitaria, ignorando los acuerdos del último Congreso Mundial de Educación Universitaria (promovido por la Unesco), celebrado el año pasado en París, que consideró la educación como bien público.
Para procurar gatopardear la transformación de la universidad, los mismos poderes, ante el proyecto que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 23 de diciembre, pusieron en circulación un proyecto de ley educación universitaria que ignora dos cosas: que existe la Constitución del 99 y la Ley de Orgánica de Educación. Y en ese sentido, se dedica a remozar la ley del 70. Ignora la igualdad consagrada constitucionalmente, al negar el voto a los empleados y a los obreros; insiste en darle excesivas prerrogativas al sector privado, desmejora las reivindicaciones profesorales al aumentar los años de permanencia para la jubilación en la universidad a 30 años (y no 25, como lo contempla la ley). Propone una especie de jerarquía de las universidades, con impacto en los salarios de los profesores. También desconoce el carácter laico de la educación, al reinsertar las carreras confesionales. De "demasiado genérico" lo calificó Francisco Leone Duarte, rector de la UCLA.
Al parecer, esos poderes llaman "autonomía" el derecho a gobernar sin restricciones.
Siempre esquivan otros temas: el de permitir que la misma institución los vigile, el rendir cuentas, etc. Quieren demonizar el Estado docente, procuran cambiarlo por la sociedad educativa, la sociedad civil y otras entelequias típicas del posmodernismo de derechas, a las que quieren entregarles la confección de la legalidad universitaria, ignorando los acuerdos del último Congreso Mundial de Educación Universitaria (promovido por la Unesco), celebrado el año pasado en París, que consideró la educación como bien público.
Para procurar gatopardear la transformación de la universidad, los mismos poderes, ante el proyecto que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 23 de diciembre, pusieron en circulación un proyecto de ley educación universitaria que ignora dos cosas: que existe la Constitución del 99 y la Ley de Orgánica de Educación. Y en ese sentido, se dedica a remozar la ley del 70. Ignora la igualdad consagrada constitucionalmente, al negar el voto a los empleados y a los obreros; insiste en darle excesivas prerrogativas al sector privado, desmejora las reivindicaciones profesorales al aumentar los años de permanencia para la jubilación en la universidad a 30 años (y no 25, como lo contempla la ley). Propone una especie de jerarquía de las universidades, con impacto en los salarios de los profesores. También desconoce el carácter laico de la educación, al reinsertar las carreras confesionales. De "demasiado genérico" lo calificó Francisco Leone Duarte, rector de la UCLA.
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