Ricardo Gil Otaiza
El Universal, 06/01/11
Dentro del denominado "paquetazo legislativo", aprobado a las carreras por la Asamblea Nacional (AN) antes de fin de año, está la Ley de Educación Universitaria. Resalta entre otras cuestiones, no sólo la premura con la que se aprobó este nuevo instrumento, sino también la ausencia de algún mecanismo que pusiera al tanto de su contenido —como sería lógico pensar— a los actores de la vida universitaria. Se puede afirmar sin el temor a caer en absolutos, que esta ley fue llevada al seno de la AN y aprobada por los diputados monocolor, completamente de espaldas al subsistema que pretende normar, lo cual es inconstitucional.
Muchas cosas tenemos que decir de esta ley, pero lo ideal es que las dijéramos antes de su aprobación, porque ello se hubiese traducido en mejoras sustanciales a un proyecto que de entrada se presenta hegemónico, unívoco, que busca desesperadamente echarle mano a la institución universitaria por la vía expedida del cercenamiento de su autonomía. La creación de entes "supra", que convierten en un saludo a la bandera las decisiones de carácter académico-administrativo-normativo, que pudieran tomarse desde dentro, con miras a su normal funcionamiento y organización, es una puñalada en pleno corazón a la autonomía universitaria. La concentración en las manos del ministerio respectivo de las potestades que hasta hoy les permitía la vieja Ley de Universidades de 1970 a las casas de estudios, es un grave precedente que nos conduce de manera inexorable a la pérdida de los espacios para la pluralidad y la diversidad que deben ser motor y vida de dichas instituciones.
Muchas cosas tenemos que decir de esta ley, pero lo ideal es que las dijéramos antes de su aprobación, porque ello se hubiese traducido en mejoras sustanciales a un proyecto que de entrada se presenta hegemónico, unívoco, que busca desesperadamente echarle mano a la institución universitaria por la vía expedida del cercenamiento de su autonomía. La creación de entes "supra", que convierten en un saludo a la bandera las decisiones de carácter académico-administrativo-normativo, que pudieran tomarse desde dentro, con miras a su normal funcionamiento y organización, es una puñalada en pleno corazón a la autonomía universitaria. La concentración en las manos del ministerio respectivo de las potestades que hasta hoy les permitía la vieja Ley de Universidades de 1970 a las casas de estudios, es un grave precedente que nos conduce de manera inexorable a la pérdida de los espacios para la pluralidad y la diversidad que deben ser motor y vida de dichas instituciones.
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