Nerio Enrique Romero
El Universal, 22/01/11
Dos eminentes profesores universitarios, el zuliano Américo Gollo y el capitalino Gustavo Linares Benzo, han escrito en estos días cuestionando con valiosos argumentos la utilidad de una nueva ley de universidades y alertando sobre los peligros que acechan a estas instituciones, derivados del superficial análisis que algunos grupos políticos y sectores universitarios hacen de su problemática, análisis orientados por lo que el profesor Gollo denomina como el "democratismo" y el "pedagogicismo". Según el primero, uno de los principales problemas de la universidad autónoma es que la elección de sus autoridades no se rige por el criterio de "una persona, un voto", como si se tratase de la elección de un alcalde, diputado, gobernador o presidente; si rigiese ese principio, el voto de los profesores tendría un peso inferior al 10% en dichas elecciones. ¿Resolvería eso algún problema?: creemos que en verdad eso empeoraría varios problemas ya existentes. Y el pedagogicismo, expresa el profesor Gollo, reduce la finalidad de la universidad a alcanzar la profesionalización masiva de personas. Yo coincido con los profesores mencionados en la idea de que estas dos orientaciones, el "democratismo" y el "pedagogicismo", son pésimos puntos de partida para la producción de una nueva ley de universidades.
Por otra parte, existen corrientes partidarias del actual Gobierno convencidas de que la meta debe ser alinear a las universidades como instrumentos de su objetivo político: la construcción del socialismo. Al pretender ese despropósito, y consagrarlo en la ley que sancionaron en diciembre pasado, en buena hora vetada por el propio Gobierno, reniegan del pluralismo político que consagra la Constitución, y que abrazaban y defendían dentro de la universidad cuando aún no eran gobierno; e incurren en la pretensión de imponer a la comunidad universitaria un "pensamiento único", pretensión ésta que en los años 70 y 80 achacaban a los gobiernos de entonces muchos de los ideólogos de cierta izquierda que ahora se ha incrustado en el poder de la mano de los militares. En este ambiente, los argumentos para la defensa de la universidad autónoma y de su futuro pasan por apegarse muy estrictamente a lo que la Constitución Nacional de 1999 establece muy expresamente respecto a la universidad:
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