Marianela Lafuente
Tal Cual, 14/01/11
El 4 de enero, Chávez anunció el veto a la ley de universidades aprobada por la asamblea saliente. La ley vetada incluía disposiciones para la eliminación de las pruebas de admisión; la asignación de amplísimas competencias al ministro; mecanismos de participación de las comunidades en la toma de decisiones de la gestión universitaria y la participación igualitaria de profesores, empleados y egresados en la elección de sus autoridades, entre otras.
El proyecto suscitó una viva polémica. Durante los últimos meses, se multiplicaron las manifestaciones en favor y en contra de la ley. La oposición centró sus críticas en la defensa de la autonomía universitaria y en la manera inconsulta en que se elaboró la propuesta. Los voceros del oficialismo la defendieron a ultranza, como instrumento contra la concepción elitista de las universidades, por su democratización y como base de un nuevo modelo de educación superior, inclusivo y revolucionario.
Pero el Presidente, de pronto, releyó la ley, se dio cuenta de sus debilidades y determinó que era inaplicable.
En otros países, a lo mejor habríamos podido esperar que se elevaran protestas opositoras en la calle o rodaran cabezas en el gobierno o que se cuestionara de algún modo a los responsables del proyecto de ley, débil, inviable e inconstitucional que ha hecho perder tanto tiempo al país.
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El proyecto suscitó una viva polémica. Durante los últimos meses, se multiplicaron las manifestaciones en favor y en contra de la ley. La oposición centró sus críticas en la defensa de la autonomía universitaria y en la manera inconsulta en que se elaboró la propuesta. Los voceros del oficialismo la defendieron a ultranza, como instrumento contra la concepción elitista de las universidades, por su democratización y como base de un nuevo modelo de educación superior, inclusivo y revolucionario.
Pero el Presidente, de pronto, releyó la ley, se dio cuenta de sus debilidades y determinó que era inaplicable.
En otros países, a lo mejor habríamos podido esperar que se elevaran protestas opositoras en la calle o rodaran cabezas en el gobierno o que se cuestionara de algún modo a los responsables del proyecto de ley, débil, inviable e inconstitucional que ha hecho perder tanto tiempo al país.
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