Ignacio Ávalos
El Nacional, 19/01/11
Bien, así, pues, que el presidente Chávez haya desechado el proyecto legal. Los motivos por los cuales tomó la decisión no importan mucho (se aventuran, por cierto, interpretaciones desde zodiacales hasta maquiavélicas), lo que interesa es que no fue aprobado y que usted, ministra, es, en adelante, la encargada de coordinar la tarea a fin de que podamos tener uno mejor. En este sentido, imposible no estar de acuerdo con sus primeras declaraciones.
El diálogo de todos con todos es, cierto, la clave para entender nuestras universidades y acordar la orientación de su cambio, del cual la nueva ley de educación superior debe ser resultado y luego una herramienta.
La discusión de la autonomía no puede volver a ser, como tantas otras veces, el principio y el fin del debate sobre la universidad venezolana. Es iluso pensar que si se subordina al Gobierno (siempre visto como un compendio cuasi mágico de inteligencia y eficacia) la universidad se hará más transparente, más pertinente, más equitativa y más todo lo que se desee. No sé si concuerda conmigo, ministra, en que los tiros no van por ahí, según lo ha probado la historia hasta el aburrimiento.
La agenda del cambio universitario, en sus aspectos más generales, se encuentra más o menos delineada, forma parte de cierto nuevo sentido común al respecto. Tiene que ver, como usted sabe, con la actualización de los programas y de los modos de enseñanza. Con la estructura organizativa casi fosilizada, incapaz en buena medida de albergar el diálogo de saberes y disciplinas. Tiene que ver, así mismo, con las condiciones en que estudian los estudiantes. Con resolver la tensión entre la necesidad de democratizar el ingreso y lograr altos niveles de calidad. Con rendir cuentas. Y, por mencionar uno más, entre otros muchos tópicos, con volver más democrático el Gobierno, asunto este último, por cierto, donde siempre se agazapa la peor demagogia.
El diálogo de todos con todos es, cierto, la clave para entender nuestras universidades y acordar la orientación de su cambio, del cual la nueva ley de educación superior debe ser resultado y luego una herramienta.
La discusión de la autonomía no puede volver a ser, como tantas otras veces, el principio y el fin del debate sobre la universidad venezolana. Es iluso pensar que si se subordina al Gobierno (siempre visto como un compendio cuasi mágico de inteligencia y eficacia) la universidad se hará más transparente, más pertinente, más equitativa y más todo lo que se desee. No sé si concuerda conmigo, ministra, en que los tiros no van por ahí, según lo ha probado la historia hasta el aburrimiento.
La agenda del cambio universitario, en sus aspectos más generales, se encuentra más o menos delineada, forma parte de cierto nuevo sentido común al respecto. Tiene que ver, como usted sabe, con la actualización de los programas y de los modos de enseñanza. Con la estructura organizativa casi fosilizada, incapaz en buena medida de albergar el diálogo de saberes y disciplinas. Tiene que ver, así mismo, con las condiciones en que estudian los estudiantes. Con resolver la tensión entre la necesidad de democratizar el ingreso y lograr altos niveles de calidad. Con rendir cuentas. Y, por mencionar uno más, entre otros muchos tópicos, con volver más democrático el Gobierno, asunto este último, por cierto, donde siempre se agazapa la peor demagogia.
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